En España, el transporte regular de uso general puede prestarse:

En España, el transporte regular de uso general puede prestarse mediante la adjudicación de un contrato de gestión o, en su defecto, mediante gestión directa de la Administración.

Esto significa que, normalmente, la Administración concede la explotación a una empresa privada mediante licitación pública.

Sin embargo, si el concurso queda desierto, puede optar por gestionar el servicio directamente.

Este sistema garantiza la continuidad y calidad del transporte público, evitando interrupciones en la prestación.

La gestión directa solo se aplica como medida excepcional y temporal.

La mayoría de los servicios se operan bajo régimen concesional, con control y supervisión administrativa.

El objetivo es equilibrar la eficiencia del sector privado con el interés público.

Regla práctica: Transporte regular = concesión privada o, si no hay interesados, gestión pública directa.