Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general tienen una duración estipulada al celebrarse que no podrá ser superior a:
Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general tienen una duración máxima de 10 años establecida al momento de su firma.
Este límite busca asegurar la renovación periódica de las concesiones y garantizar la competencia leal entre las empresas del sector.
Durante ese periodo, la empresa adjudicataria gestiona el servicio bajo las condiciones fijadas por la Administración.
Solo puede prorrogarse de forma excepcional, por ejemplo, para amortizar inversiones adicionales.
Por tanto, la duración legalmente establecida no puede superar los 10 años.
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